Autorizan por primera vez la eutanasia para una paciente en Ecuador e instan a que se promulgue una ley


Este miércoles, mediante un fallo judicial, en Ecuador se autorizó por primera vez la posibilidad de que una paciente terminal recurra a la eutanasia. A su vez, la Corte ecuatoriana fue más allá: le concedió dos meses al Ministerio de Salud para elaborar un reglamento sobre la eutanasia activa y seis meses a la Defensoría del Pueblo para elaborar un proyecto de ley que la regule y que el Congreso deberá debatir y aprobar en un plazo de un año.

La decisión tomada por la Corte Constitucional de ese país llega luego de una dura batalla judicial encarada por Paola Roldán, una mujer de 43 años que sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La enfermedad de Roldán va inhabilitando progresivamente sus músculos y hace que necesite asistencia de oxígeno y personal especializado durante las 24 horas. Además, sólo puede alimentarse por vía intravenosa.

En agosto de 2023, la mujer había presentado una demanda pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 144 de Código Penal de Ecuador, que tipificaba el homicidio y establecía una pena de 10 a 13 años de prisión para quien lo cometiere. La eutanasia, como tal, no estaba incluida como una causal de inimputabilidad o inculpabilidad en la ley ecuatoriana.

Paola Roldán padece ELA y se ha convertido en el primer caso de ecuador en el que se aprueba la eutanasia.

En su sentencia, el máximo tribunal de garantías de Ecuador declaró la «constitucionalidad condicionada» para la muerte asistida de Roldán, aunque estableció que un médico deberá llevar a cabo el procedimiento y que ella deberá expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado o, en caso de que no pueda informarlo deberá hacerlo a través de su representante.

Otro de los requisitos establecidos por la Corte es que el paciente padezca sufrimiento intenso provocado por una lesión que necesariamente debe ser de carácter corporal, grave e irreversible o una enfermedad que sea grave e incurable.

Roldán planteaba además en su demanda que la muerte digna es un derecho de “quienes padecen y han sufrido enfermedades graves o incurables” y deciden de manera “libre y voluntariamente poner fin a su vida” para detener los “sufrimientos o dolores intensos físicos o emocionales”.

En una declaración que prestó en noviembre vía internet, la mujer había dicho a los jueces: “Semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo”.

Hasta el dictado de esta sentencia, la eutanasia no era legal en Ecuador, aunque si se contemplaba la “eutanasia pasiva”, es decir, la posibilidad de que un familiar tome la decisión de desconectar los equipos que mantienen con vida a un paciente.

«Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra», había escrito Roldán el viernes en su Twitter, mientras aún se esperaba una resolución.

Ahora corresponderá al Ministerio de Salud elaborar un reglamento sobre la eutanasia activa, para lo cual la Corte le otorgó dos meses.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, tendrá seis meses para elaborar un proyecto de ley que la regule. La Asamblea legislativa deberá debatir y aprobar este proyecto en el plazo de un año.

La eutanasia en Argentina

En nuestro país la muerte asistida no está permitida, aunque sí existe la ortotanasia, que es lo que se conoce como la eutanasia pasiva: no someter a un paciente a una prolongación de su vida cuando esto es médicamente inútil.

La ley que autoriza esta práctica en nuestro país es la 26.742 y surgió en 2012, a partir del caso de Camila López que estuvo más de dos años en la sala de cuidados paliativos de un hospital, internada en estado vegetativo.

Según esta ley, el mismo paciente, en estado de lucidez pero sabiendo que posee una enfermedad terminal e irreversible, puede rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o incluso pedir que se le retiren medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado.

También puede ordenar al médico que lo deje de atender, e incluso que se deje de alimentarlo e hidratarlo cuando esto sólo sirva para prolongar tiempo en estado terminal irreversible o incurable.

En el resto de América Latina solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. Uruguay y Chile aún discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del «buen morir«, que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.





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